El capital prestado para este tipo de hipotecas en noviembre alcanzó los 445.073 euros, lo que representa un decremento del 2% respecto a noviembre de 2006, cuando se prestaron 454.008 euros. Por su parte, el número de viviendas hipotecadas bajó un 12,7% interanual, hasta 2.432 inmuebles, frente a los 2.787 del año anterior.

Asimismo, Baleares fue la segunda Comunidad, por detrás de Castilla-la Mancha, que concentró un mayor número de fincas con hipoteca constituida en noviembre por cada 100.000 habitantes, con 567.

Por su parte, el importe medio por hipoteca constituida sobre el total de fincas rústicas y urbanas se situó en 182.804 euros. En noviembre, se hipotecaron en las islas un total de 179 fincas rústicas, con un capital suscrito de 61.871 euros, y 4.374 fincas urbanas, por valor de 770.440 euros.

Asimismo, se cancelaron 1.836 hipotecas, un 9,2 por ciento menos que el año anterior, correspondientes a fincas rústicas (73), viviendas (1.135), solares (61), y otras fincas urbanas (567).

Finalmente, el número total de hipotecas con cambios en sus condiciones ascendió a 486, lo que supone un crecimiento interanual del 38,8%. En el caso de las viviendas, el número de hipotecas que modificaron sus condiciones en las islas fue de 330, un 36,3% superior al registrado en noviembre de 2006, con 242.

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De seguir esta evolución los tipos de interés interbancarios, el Euríbor hipotecario bajará al entorno del 4,5%, alejado del 4,793% de diciembre. En todo caso, el dato aún supondrá una revisión al alza de quienes actualicen su crédito sobre vivienda este mes, ya que el año pasado se situó en el 4,064%. Eso sí, la subida será mucho menor del previsto hace poco.

Los descensos de tipos de interés, con el espaldarazo que dio ayer la Reserva Federal al bajar los tipos de interés en tres cuartos de punto, han fomentado esta evolución. Y parece que la bajada no se detendrá aquí, al menos en Estados Unidos. Los mercados apuestan porque llegue el 3% antes de marzo, según José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney Valores, quien reclama medidas similares por parte del Banco Central Europeo (BCE). “Yo creo que Trichet [el presidente del BCE] debería anular su viaje a Davos y tomar decisiones”.

También sobre los precios puede tener consecuencias el pesimismo bursátil y, especialmente, las expectativas de un menor crecimiento económico. El petróleo -actor principal de la subida de precios de los últimos meses- también se ha apuntado a las caídas. Desde que la posibilidad de la crisis económica en Estados Unidos, se ha transformado en una realidad cada vez más cercana, el crudo cae. Ayer se movía en torno a los 88 dólares por barril de brent, la referencia en Europa, unos nueve dólares menos que hace dos semanas. La expectativa de una menor demanda de petróleo por el frenazo de la economía, también en China, aparece como la principal causa de la caída, según Juan Ramón Caridad, de Atlas Capital.

La exuberancia de los mercados en los años anteriores no se había quedado exclusivamente en la renta variable y el crudo. La subida del trigo, la soja o el maíz han tenido un papel decisivo en la significativa subida de la inflación en los últimos meses. En cambio, la caída de los precios de los alimentos ha sido menor en los últimos días, pues su demanda es rígida. Las caídas del precio del trigo, la soja o el maíz rondaban el 1%. Mucho más acusadas fueron las caídas de las materias primas industriales, el cobre se pagaba ayer un 3,79% menos en Estados Unidos que la semana pasada. Algo lógico, según José Luis Martínez, estratega jefe de Citigroup, dada la “subida excesiva” anterior.

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¿Cuál es la solución para la Comisión? Más regulación. Es decir, mediante la aprobación de textos legales comunitarios que obliguen a las entidades de crédito a la concesión responsablede préstamos y a los consumidores a la solicitud responsable de los mismos.

Antes de comentar desde un punto de vista jurídico las posibles consecuencias de la referida iniciativa de la Comisión Europea, merece la pena mencionar que la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos de América se ha producido en un momento en que precisamente los sectores bancario y financiero están muy regulados por los poderes públicos, tanto allí como en Europa. Por tanto, cabe dudar de que más regulación sea útil para atajar las crisis. También sería interesante analizar en qué medida las crisis tienen en parte su origen en abundantes, prolijas y absurdas regulaciones públicas.

Desde un punto de vista jurídico, interesa estar atentos a cómo se va a pretender que las entidades de crédito concedan préstamos de manera responsable y que los consumidores soliciten préstamos de manera también responsable. Según se desprende del White Paper, se podría pretender que los poderes públicos indicaran a las entidades de crédito cómo desarrollar su actividad (cómo han de analizar los riesgos crediticios, a quién se puede o no conceder un préstamo, etc) y a los consumidores cómo comportarse en su esfera patrimonial (si están muy endeudados o no, si sus ingresos presentes se lo permiten, etc). Por supuesto, tanto las entidades de crédito como los consumidores habrán de estar muy agradecidos a los poderes públicos por velar por sus intereses, ya que ni las unas ni los otros son capaces de hacerlo por sí mismos.

Esas pretensiones de la Comisión Europea suponen tanto la invasión del ámbito de privacidad propio de las personas como la vulneración del derecho a la libertad de empresa, aparte de vulnerar, además, principios fundamentales de Derecho Societario y Derecho Civil. Por un lado, las entidades de crédito, como sociedades mercantiles que son, están sometidas a la legislación sectorial correspondiente. Si unas personas deciden constituir una sociedad mercantil cuyo objeto social sea la concesión de préstamos a personas con problemas económicos, no se entiende con la base de qué precepto legal puede prohibirse a tales personas asumir tales riesgos en el ejercicio de su libertad y responsabilidad. Si, por el contrario, la entidad de crédito no tiene tal objeto social, pero se dedica a la concesión de préstamos a personas con problemas económicos, los administradores sociales responderán frente a los accionistas, acreedores y terceros perjudicados por los daños y perjuicios que pudieran causarles así como por administrar la sociedad con criterios alejados a los de un “empresario ordenado”.

De otro lado, los consumidores, como personas, tienen libertad de obrar y de contratar conforme a sus propios intereses y criterios, erróneos o no. Las libertades de actuación y de contratación derivan de un derecho más general a la libertad, garantizado por el artículo 14 de la Constitución, que es propio de los Estados democráticos de Derecho y que delimita un ámbito de privacidad en el cual nadie puede ni debe entrar. Y entre aquéllos que no pueden ni deben se encuentran los poderes públicos. Precisamente el Estado democrático de Derecho tiene en su origen la intención de delimitar el ámbito de actuación de los poderes públicos.

Parece que a la Comisión Europea no le preocupa demasiado el ordenamiento jurídico vigente ni sus pilares fundamentales, ya que para determinar si va a ser procedente o no regular mediante textos legales la concesión y solicitud de préstamos responsables no se van a atender a principios jurídicos ni derechos, sino a si desde un punto de vista del análisis cuantitativo de costes y beneficios, los costes no son mayores que los beneficios esperados por la regulación.

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Su intención con esta apuesta es captar a los clientes de otras entidades que tengan una hipoteca de más de seis años de antigüedad, es decir, los buenos, los de calidad, los que ya no están ahogados por los pagos iniciales de su préstamo y tienen una vivienda que vale el doble o triple de lo que pagaron por ella. Y, de paso, se trae su nómina y su plan de pensiones, lo que le asegura un rendimiento anual por cliente de unos 1.000 euros.

Con esta fórmula, su previsión es conceder 50.000 hipotecas hasta junio unos 5.000 millones de euros, que se unirán a las más de 65.000 que firmará de otras modalidades.

El director general de Banca Comercial en España, Enrique García Candelas, admitió ayer que durante 2008 el negocio hipotecario sufrirá una importante desaceleración, que hará que el saldo hipotecario sólo crezca entre el 3,5 y el 5% en el año, debido al enfriamiento económico y a la subida de tipos.

Y no sólo eso, sino que, según la Asociación de Intermediarios de Financiación (ASIFIN), más de la mitad de los hogares que constituyeron su hipoteca en los dos últimos años pueden tener dificultades de pago en 2008 y muchos de ellos verse abocados a vender la casa.

Con esta nueva batalla en el negocio hipotecario, Santander ahonda en su plan “Queremos ser tu banco” y mantiene la tradición de revolucionar el mercado a principios de año.

En 2006 anunció la eliminación de comisiones para 2,4 millones de clientes particulares y en 2007, extendió esos beneficios a otros 1,4 millones de inmigrantes y autónomos. Ese plan le ha costado ya 117 millones de euros, pero prevé tenerlos totalmente amortizados a principios de 2009.

Y es que gracias a este programa, ha captado 958.000 nuevos clientes y ha vinculado a 765.000 de los que ya tenía.

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Destino:

Vehículos, rehabilitación vivienda, plaza de garaje, viajes y estudios, electrodomésticos, inversión mobiliaria, primera o segunda vivienda.

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Cuotas mensuales fijas.

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En la AHE consideran que ‘la principal causa del incremento de la dudosidad viene determinada por el crecimiento de los valores medios del euríbor hipotecario, desde el 2,27% correspondiente al año 2004, hasta el 4,45% de 2007, ya que el resto de las variables significativas han mantenido un comportamiento muy positivo’.

Los posibles impagos de préstamos por parte de promotores, entre tanto, alcanzaron un valor del 0,361% frente al 0,286% de principios de 2007.

La AHE espera que los datos de dudosidad de finales del pasado año superen la marca de septiembre. Para el ejercicio recién iniciado, esta organización estima que ’si el resto de variables (crecimiento económico, empleo, inflación, etc.) mantienen un comportamiento positivo, el aumento de la dudosidad del crédito a los hogares para la financiación de la vivienda tendrá en 2008 una evolución al alza tan sostenida y moderada como la de 2007′.

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En el segundo semestre del año, el incremento del precio de la vivienda nueva fue del 1,1%, casi tres puntos menos que en el primero. Con todo, la vivienda nueva se vende actualmente a un precio casi nueve veces superior al que se vendía en 1985.

A lo largo del año, el precio medio creció en todas las capitales de provincia, excepto en dos de ellas. En 12 capitales, el crecimiento de los precios se situó entre el 7% y el 9% respecto al pasado año, en otras 20 capitales el precio aumentó entre el 5% y el 7%, y en 16 de ellas se situó por debajo del 5%. Los dos descensos se localizaron en Segovia (-2,7%) y Vitoria-Gasteiz (2,5%).

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La revisión del precio del módulo posibilita la subida también las viviendas que, por precio, serían susceptibles de recibir ayudas como protegidas concertadas, a lo que se suma otra de las novedades anunciadas por la ministra e incluida a petición de la Consellería de Vivenda de la Xunta, como es reducir de dos a un año el plazo para que inmuebles nuevos que no se hayan vendido puedan solicitar su calificación como protegidos de precio concertado.

Esta flexibilización de las condiciones de promoción de pisos protegidos concertados busca, según la ministra, «favorecer la venta de muchas viviendas libres que están en stock y que podrán venderse como protegidas». El Gobierno responde así a la reclamación de los promotores de actuaciones para hacer frente a la caída de las ventas.

Otra de las novedades destacadas por Chacón es la introducción del alquiler con opción a compra en el plan nacional, algo que diversas comunidades, Galicia entre ellas, ya incluyen en sus propios?programas.

Propuestas de Galicia:

La conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, salió satisfecha de la sectorial celebrada en el ministerio y subrayó la importancia de las dos reclamaciones gallegas, incluidas en el nuevo decreto. Táboas se refería a la reducción a un año del plazo para que las viviendas nuevas sin vender en 12 meses puedan ser calificadas como protegidas de precio concertado, y también a que se suprime el límite de 120 metros para que los inmuebles del medio rural puedan calificarse como protegidos.

Subrayó la importancia de esta segunda medida para promover un desarrollo sostenible, pues en la zona rural se potenciará la rehabilitación de las casas a través de ayudas compatibles con las líneas de apoyo para viviendas con protección. En el 2007 la Xunta concedió 9.682

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Para este periodo está previsto que se faciliten créditos subvencionados por valor de 33.473 millones de euros. Un dinero que las entidades colaboradoras del Ministerio financiarán contra los presupuestos de éste a lo largo no de los cuatro años de vigencia del programa sino en 25 anualidades. El dinero servirá para que los particulares compren sus VPO y los promotores afronten sus compras de suelo y proyectos de vivienda protegida. La modificación del tipo de interés no tendrá ningún coste para los prestatarios.

El Gobierno aprovechará la modificación del Plan para aprobar también el nuevo precio del metro cuadrado del módulo básico de VPO, que pasará de 728 a 760 euros, con un repunte del 4,39%. Un alza muy inferior al 10% reclamado por los grandes promotores para que la vivienda protegida les resulte “atractiva de construir”.

Satisfacción contenida:

Sin embargo, los ’señores del ladrillo’ no han planteado sean quejado de alguna subida haya sido menor que la solicitada. Entre los cambios que se harán efectivos mañana hay algunos muy ventajosos para el sector. El nuevo real decreto del Plan de Vivienda flexibilizará las condiciones exigidas para que los promotores que no vendan sus pisos puedan pedir la recalificación de sus pisos de libres como protegidos, dando salida así al ’stocks’ de casas que permanecen ‘colgadas’.

Se pasa de tener que esperar dos años para que una vivienda se considere usada a sólo doce meses. Desde la Asociación de Promotores de Valencia, valoraron positivamente la subida del precio del metro cuadrado aunque no quisieron entrar en más comentarios.

Entre las incorporaciones más destacadas está la aceptación del alquiler con opción a compra como figura jurídica. El objetivo del cambio es también aliviar la tensión de los promotores que sufren el frenazo del mercado libre que ha supuesto una notable ralentización de las ventas.

Rentas bajas, desfavorecidas:

“Perjudica a las familias más necesitadas”. De hecho, un mileurista tendrá problemas para pagar la hipoteca de una vivienda de protección oficial. El Consell criticó ayer el plan de vivienda ya que encarece la cuota hipotecaria que pagarán los valencianos en las viviendas protegidas. La directora general de vivienda y proyectos urbanísticos, María Jesús Rodríguez, dijó ayer: “Las nuevas propuestas del Ministerio de Vivienda para aplicar el próximo plan estatal de vivienda en España perjudican notablemente a las familias con menores recursos, implican un aumento de precios de las viviendas más que considerable”.

La directora general resaltó la “buena política de vivienda de Gobierno valenciano” al incluir la figura del alquiler con opción de compra. “Al igual que con la vivienda de acceso concertado, el Ministerio ha acabado por incorporar también esta figura que tantas veces había negado a la Generalitat, lo que nos obligó, igual que con el acceso concertado, a financiar estas figuras en los últimos años sin apoyo del Ministerio de vivienda”, afirma Rodríguez.

Desde la conselleria también se lamentó “el escaso tiempo que ha dado el Ministerio de vivienda para estudiar las nuevas propuestas y el objetivo de querer aprobar el nuevo acuerdo el próximo viernes (mañana)”.

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Pese al resentimiento de las economías domésticas, la caja reflejó asimismo un crecimiento del 16% en el apartado global de créditos dados a sus clientes con respecto a 2006, cuyo presupuesto total creció a 14.982 millones de euros. El resto del crecimiento registrado en las cuentas de la entidad, se soportó en los créditos personales, un 6% más que el año pasado y, especialmente, en el montante concedido a empresas y representado por créditos y préstamos, leasing y crédito comercial, con un crecimiento interanual del 15%. Un conjunto de datos que se benefician de un ratio de morosidad que apenas alcanzó el 0,93% al cierre de diciembre, sobre los créditos concedidos a clientes.

Cifras Éste y otros factores propiciaron que Caja Laboral finalizara el pasado ejercicio con un crecimiento del 19,7% en sus resultados después de impuestos, que se elevaron a 185 millones de euros. Su beneficio bruto alcanzó los 208,9 millones, un 18,7% más que en 2006.

Los recursos totales de clientes gestionados por la caja en balance, incluyendo la actividad institucional, aumentaron un 13%, alcanzando un saldo de 15.894 millones de euros. En conjunto, el volumen total de negocio gestionado por la entidad se elevó a 30.877 millones de euros, con un crecimiento de 3.844 millones de euros, un 14,2% más que en el ejercicio anterior.

En relación a la captación del ahorro minorista, el total de los saldos del sector privado intermediados por Caja Laboral creció un 9,1% en relación a diciembre de 2006 y el importe total al cierre de 2007 fue de 13.459 millones de euros.

Este crecimiento se sustentó principalmente en figuras dentro del balance, especialmente en las diversas modalidades de Ahorro a Plazo, cuyos saldos aumentaron un 36%. Por otro lado, el patrimonio gestionado en figuras de fuera de balance, se elevó a 3.000 millones de euros, destacando el crecimiento en un 9,4% en los planes de pensiones, previsión y jubilación.

Asimismo, la entidad destacó la captación de Ahorro de las Empresas, sobre todo a través de la cuenta operativa por Internet, CLNet Empresas. Los saldos se situaron en 177 millones de euros, de los que 65 millones se captaron el año pasado.

Al cierre de 2007, la red de Caja Laboral se eleva a 389 oficinas, tras la apertura de 17 oficinas, 14 de las cuales están situadas en el área de expansión, principalmente en Asturias y Madrid. Al finalizar el año, las oficinas ubicadas fuera del ámbito tradicional alcanzaban una cifra de 134, lo que representa un 34% de la red.

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